MANUAL DE REFERENCIA PARA CONDUCTORES
febrero 4, 2020

Un análisis realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), concluyó entre otras cosas que, las multas impuestas no tienen un efecto significativo sobre la reducción de los delitos.

Desde que entró en vigencia el Código Nacional de Policía y Convivencia en 2017, una iniciativa que tiene como fin penalizar económica los malos comportamientos de los ciudadanos, ha sido cuestionada por diferentes razones, por ejemplo, la creencia de que se les da excesivas facultades a los uniformados, lo que se podría traducir en abusos de autoridad.

La evaluación de esta y otras controversias que ha desencadenado la implementación de la medida, las explica un estudio realizado por la Fundación Ideas para la Paz, que adelanta un análisis sobre el impacto en la convivencia a nivel nacional y sobre la actividad económica, con énfasis en las cinco principales regiones del país.

Por un lado, el crecimiento de los comportamientos que se sancionan tuvo un crecimiento acelerado desde el primer momento de entrar en vigencia. En 2017, la relación fue dos sanciones por un comportamiento, y en el primer semestre de 2018 esta tendencia aumentó a cerca de tres sanciones por comportamiento. Además, durante el año y medio de implementación, se aplicaron dos millones de medidas correctivas, donde más del 40% fueron multas, seguida de la destrucción del bien (22%). Según la Fundación, “llama la atención que las medidas educativas concentraron el 17% del total de las medidas correctivas y, los llamados de atención, tan solo el 0.4%”. Es decir, la mayor parte de las sanciones impuestas son de carácter económico.

El 75% de las medidas correctivas que se impusieron en el primer año y medio de implementación, se concentran en la capital del país y en los departamentos del Atlántico, Valle, Antioquia y Risaralda, donde la mayoría de casos tienen que ver con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público.

En Bogotá, evadir el pago del transporte público es el tercer comportamiento más sancionado. En la costa Caribe sobresalen los que cometen acciones contra las autoridades como irrespeto y desacato. En el caso de Medellín y Cali, el porte de sustancias prohibidas se encuentra en el segundo lugar; Ibagué, Barranquilla y Montería, por su parte, lideran las sanciones relacionadas con establecimientos comerciales. 

Tomado de: Artículo de El Espectador

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